La remoción del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas en la madrugada de ayer domingo 28 de junio, rompe paradigmas de la historia política contemporánea de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores.
Este caso no se puede catalogar como un “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo Presidente Constitucional.
Y es que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó ayer un precedente, el cual sin duda pasará a ser un caso de estudio de universidades, diplomáticos y políticos alrededor del mundo.. Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país.
Por eso es que la prensa internacional, los organismos internacionales y gobiernos alrededor del mundo, no han comprendido aún el contexto y la esencia de este caso, y están condenando lo que ha sucedido en Honduras, pues lo están analizando en base a conceptos propios del viejo paradigma de los golpes de Estado durante la época de la Guerra Fría. La comunidad internacional, pública y privada, aún no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse que en Honduras ayer se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris.
La lección que dio Honduras al mundo ayer es clara: aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos de poder de los Presidentes constitucionales, que muchas veces se consideran intocables, por el mismo hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
Probablemente, tampoco los hondureños se han dado cuenta de la magnitud de lo que hicieron ayer. Con el paso de los días, los meses y años irán asimilando y comprendiendo la dimensión del nuevo paradigma que han sentado, con un rotundo mensaje para propios y extraños sobre lo que le depara a los dictadores constitucionales y a sus aprendices tropicales. El que tenga oídos, que oiga.
martes, 7 de julio de 2009
DELINCUENTE O INOCENTENTE ESE ES EL QUID DE LA CUESTION
Agradeceríamos mucho a María Dolores de Cospedal y a otros distinguidos pregoneros de Génova 13 –incluido, por supuesto, el mismísimo Mariano Rajoy Brey- que cambiaran de disco respecto a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, porque el disco que usan, con demasiada frecuencia, está más que rayado. Rogamos, pues, a tales voceros populares que dejen de repetir como loritos las palabras “presunción de inocencia”. El auto del juez Flors, difundido ayer, resulta en este sentido demoledor.
Demuestra de modo concienzudo que Camps -salvo milagros imprevisibles de última hora- no es más que un farsante o un mentiroso compulsivo. Faltó de forma reiterada a la verdad cada vez que hablaba en público y decía -con tono de curita, entre arcangélico y farisaico- que él había pagado de su bolsillo los trajes. Esos trajes con los que lleva camino de pasar a la historia de los miserables. [No hay que confundir estos “miserables” con Les Misérables, novela publicada, el año 1862, por el inmortal Víctor Hugo]. ¡Cuántas veces no ha declarado Camps que él tenía muchas ganas de comparecer ante la justicia para que pudiera así resplandecer la verdad! Pues bien, compareció y su relato no ha convencido en absoluto al juez Flors. Basta con leer su auto.
“No ha lugar...”
En la Parte Dispositiva del auto, el magistrado instructor, José Flors sostiene lo siguiente: “No ha lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa (...)” y puntualiza que ello sucede “por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del presente procedimiento, que en esta resolución se imputan al Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Francisco Enrique Camps Ortiz (...) pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal”.
Razón sencillísima
Según el criterio del magistrado instructor, Camps habría dejado de ser un “presunto inocente” para convertirse a los efectos judiciales en un “presunto delincuente”. No encontraba Camps las facturas por una razón sencillísima. Tales facturas jamás las abonó él. Las abonaron Álvaro Pérez y sus secuaces. ¿Y por qué lo hicieron? Toda España lo sabe. Nadie piensa que esos abundantes regalos de prendas de vestir le fueron hechos a Camps por arte de Birlibirloque o porque El Bigotes y su banda fueran, en realidad, bondadosas hermanitas de la caridad, empeñadas en ayudar al pobrecito presidente valenciano a la hora de vestirse. En este punto Flors señala que no buscaban los benefactores de la guardarropía de Camps “una determinada contraprestación”. Pero sí “lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [Camps y sus colaboradores más inmediatos] obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor”.
Pillado in fraganti
Políticamente, esta historia retrata la talla ética de los imputados, empezando por el presidente valenciano. Carece de ética. Ignora la ética. Su conducta –que se mueve en torno a la mezquindad- es impropia de un dirigente político con altas responsabilidades y altas tareas de representatividad. Fue pillado in fraganti y ha engañado, o ha tratado de hacerlo, para defenderse. Ha utilizado deliberadamente la mentira como arma política. Y ha impulsado campañas desvergonzadas intentando salvar su cara y cargando contra el juez Garzón; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los medios de comunicación progresistas.
“Persecución” en toda regla
Él y sus paniaguados han llegado a decir que todo era una “persecución” en toda regla con el fin de derrotarlo en los juzgados al no poder vencerlo en las urnas. Pero Camps, al fin y al cabo, cuenta con el respaldo –como le pasa a Luis Bárcenas, el tesorero infiel- de Mariano Rajoy y la plana mayor de su partido. El culpable de connivencia con la corrupción no es sólo Camps o Bárcenas. Es Rajoy y su corte. O el PP se regenera con prontitud o en breve dejará de ser conocido como el partido de la derecha para transformarse en un sindicato de intereses. Muchos de ellos, intereses bastardos. Con la coartada de la bandera, numerosos peperos tienden fácilmente a llenarse la cartera.
Enric Sopena es director de El Plural
Demuestra de modo concienzudo que Camps -salvo milagros imprevisibles de última hora- no es más que un farsante o un mentiroso compulsivo. Faltó de forma reiterada a la verdad cada vez que hablaba en público y decía -con tono de curita, entre arcangélico y farisaico- que él había pagado de su bolsillo los trajes. Esos trajes con los que lleva camino de pasar a la historia de los miserables. [No hay que confundir estos “miserables” con Les Misérables, novela publicada, el año 1862, por el inmortal Víctor Hugo]. ¡Cuántas veces no ha declarado Camps que él tenía muchas ganas de comparecer ante la justicia para que pudiera así resplandecer la verdad! Pues bien, compareció y su relato no ha convencido en absoluto al juez Flors. Basta con leer su auto.
“No ha lugar...”
En la Parte Dispositiva del auto, el magistrado instructor, José Flors sostiene lo siguiente: “No ha lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa (...)” y puntualiza que ello sucede “por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del presente procedimiento, que en esta resolución se imputan al Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Francisco Enrique Camps Ortiz (...) pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal”.
Razón sencillísima
Según el criterio del magistrado instructor, Camps habría dejado de ser un “presunto inocente” para convertirse a los efectos judiciales en un “presunto delincuente”. No encontraba Camps las facturas por una razón sencillísima. Tales facturas jamás las abonó él. Las abonaron Álvaro Pérez y sus secuaces. ¿Y por qué lo hicieron? Toda España lo sabe. Nadie piensa que esos abundantes regalos de prendas de vestir le fueron hechos a Camps por arte de Birlibirloque o porque El Bigotes y su banda fueran, en realidad, bondadosas hermanitas de la caridad, empeñadas en ayudar al pobrecito presidente valenciano a la hora de vestirse. En este punto Flors señala que no buscaban los benefactores de la guardarropía de Camps “una determinada contraprestación”. Pero sí “lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [Camps y sus colaboradores más inmediatos] obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor”.
Pillado in fraganti
Políticamente, esta historia retrata la talla ética de los imputados, empezando por el presidente valenciano. Carece de ética. Ignora la ética. Su conducta –que se mueve en torno a la mezquindad- es impropia de un dirigente político con altas responsabilidades y altas tareas de representatividad. Fue pillado in fraganti y ha engañado, o ha tratado de hacerlo, para defenderse. Ha utilizado deliberadamente la mentira como arma política. Y ha impulsado campañas desvergonzadas intentando salvar su cara y cargando contra el juez Garzón; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los medios de comunicación progresistas.
“Persecución” en toda regla
Él y sus paniaguados han llegado a decir que todo era una “persecución” en toda regla con el fin de derrotarlo en los juzgados al no poder vencerlo en las urnas. Pero Camps, al fin y al cabo, cuenta con el respaldo –como le pasa a Luis Bárcenas, el tesorero infiel- de Mariano Rajoy y la plana mayor de su partido. El culpable de connivencia con la corrupción no es sólo Camps o Bárcenas. Es Rajoy y su corte. O el PP se regenera con prontitud o en breve dejará de ser conocido como el partido de la derecha para transformarse en un sindicato de intereses. Muchos de ellos, intereses bastardos. Con la coartada de la bandera, numerosos peperos tienden fácilmente a llenarse la cartera.
Enric Sopena es director de El Plural
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